Del Universal extraigo estas declaraciones reseñadas de una de las autoras del Proyecto de Ley, Andrea Coa.

… «Coa defendió el documento que compuso junto a Ramón Domingo Valdés y Alberto Monteagudo y señaló que «nos reunimos porque consideramos que la ley del 93 no responde ni defiende nuestros derechos, y nos entrega a las corporaciones internacionales«.

Agregó que existen leyes como la del Libro que exoneran de impuestos a toda la cadena de comercialización del sector, que a su juicio no incentiva la producción cultural nacional. «Aun con todo eso, la industria editorial venezolana está en rojo«, e invitó a constatarlo a través de la página de Internet del Centro Nacional del Libro.

Aquí los pintores están en las plazas porque se estimula sólo a los extranjeros. Acá hay consumidores de libros», y denunció a las editoriales como entes que «explotan a los autores».

Según sus palabras, «tratamos de acercarnos al SAPI (antes de ser dirigido por Samán) y nunca tenían tiempo para nosotros. Esta situación ha cambiado con la dirección revolucionaria, y no me da miedo decir esta palabra en la UCV, porque lo que se necesita es una transformación de fondo. Vi el manifiesto de Cavelibro, contrapuesto al derecho de los autores con los editores. Yo sí tengo que decir que la legislación internacional acabó con la industria editorial mexicana. Debemos denunciar los convenios internacionales, ¿quién dijo que son palabra de Dios? Son palabra de Estados Unidos, es la vieja lucha del Norte contra el Sur. El nuevo orden solidario es que el Sur participe y ponga su propuesta«.

También habló sobre el polémico artículo 5 del proyecto donde se menciona que el Estado «podrá adquirir» aquellas obras que considere de interés público. «Ese es uno de los principios para garantizar que la gente tenga acceso a la obra. Cuando el Estado la adquiere lo hace con trato directo al autor. Entendemos que chillara Cavelibro, Sacven, hay que hacer una contraloría social para que defienda. Se trata de eso».

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Estados Unidos no tiene nada que ver con la Convención de Berna y la declaración de principios de la misma sobre los derechos de autor. La suscribe pero no la aplica en algunas de las disposiciones de su Ley de Copyright la cual es súper compleja y llena de disposiciones y apartados. Y por supuesto está redactada por juristas expertos en la materia.

La ley propuesta en Venezuela atenta contra los autores y las autoras, los editores y editoras, productores y productoras, etc, porque refleja desconocimiento de la cadena de producción y distribución de las obras. Esta cadena es costosa. En el caso de la impresión, Venezuela no produce papel de buena calidad ni buen precio, ni tintas, ni maquinaria. Todo es importado. La fulana exención de impuestos y tarifas de correo nunca se ha aplicado a cabalidad. Soy testigo de que ni el correo te aplica tarifas preferenciales cuando envías libros ni tampoco la oficina de declaración de impuestos se daba por enterada y esa ha sido por muchos años pelea de la Cámara Venezolana del Libro. La distribución es ardua porque se hace en consignación no sobre seguro. Es decir, el kiosco o la librería solo pagan por lo que venden y si no lo venden te lo devuelven… Gastos de almacenaje, transporte, etc. juegan su rol en todo esto. Sumen gastos de promoción, el royalty o derecho de autor y los gastos administrativos de la casa editorial, diseño y montaje del libro, etc. Imaginen en la música, el proceso es similar e involucra más gente y más gastos de promoción. Una película: miren la lista de créditos. Cada nombre es una cantidad en dinero en salario o derecho de autor según el caso. Añadan cinta, laboratorio, reproducción, sonido, edición, distribución, almacenaje, etc. Proyecten en producción de TV y software.

Para hacer una ley tan delicada como ésta porque tiene que ver con el derecho a crear y difundir una obra bajo tu nombre, no se puede venir a decir sin más que los acuerdos internacionales son una tramoya de Estados Unidos para jodernos o afirmar que el Estado debe poder comprar una obra en exclusiva y para siempre con el objeto de difundirla de gratis al pueblo. Se señala como algo especial que el Estado negociará directamente con el autor, como si el autor no lo pudiera hacer en cualquier circunstancia con un editor como es usual. La prerrogativa del Estado de acaparar las obras que le parezcan atenta justamente en contra de la inalienabilidad del derecho de autoría.

El proyecto de Ley de Derecho del Autor y la Autora no es revolucionario, ignora los convenios que han protegido autores e industrias en casi todos los países del mundo efectivamente incluyendo los subdesarrollados o del «sur», soslaya lo que implica la producción y difusión de una obra. Los autores de la ley parecieran estar sesgados ideológicamente en un tema que no tiene nada que ver con la lucha norte y sur y demás lugares comunes de una «izquierda» que no tiene argumentos más fuertes ni consigna menos trillada que echarle la culpa de todo a los «gringos».

Coa parece ignorar que la industria editorial venezolana ha estado en crisis desde siempre, nunca ha estado boyante de verdad. Hubo una ilusión bajo la gestión del ministro Abreu cuando el último gobierno de CAP por la actividad espectacular que tuvieron MonteAvila, Ayacucho, Fundarte y las editoriales alternativas subsidiadas por el Estado… por rebote tuvo una buena época también la industria editorial privada. Pero de resto siempre ha estado en rojo. Esto se puede constatar fácilmente con las instituciones pertinentes.

Y atrás no se quedan las producciones musicales, teatrales, etc. Siempre la cultura ha sido la cenicienta de casi todos los gobiernos. Para ella no ha habido dólares ni políticas de promoción, gestión o estímulos coherentes y constantes que trasciendan los gobiernos. Por otro lado, la gente prefiere gastarse la plata en un restaurante, gimnasio, cosméticos, música o video antes que en un libro de autor nacional. La compra de libros nacionales no está dentro de las prioridades de la gente, si lo estuviera las ediciones agotadas no serían de mil sino de 10 mil ejemplares. Los tirajes son usualmente de a mil y es todo un éxito si se venden 800 o se puede reeditar en cosa de un año. Esto que señalo es de mi conocimiento directo y producto de mi experiencia de más de doce años en el medio.

Paradójicamente el sector más vistoso y con más espacios en comparación ha sido siempre la plástica con abundantes artistas, galerías y museos. Los artistas que exponen en plazas pues que se acerquen al Ministerio de Cultura a que les den su puesto en la Mega Exposición de Artistas Nacionales planificada en estos momentos. Me gustaría saber más de la estimulación a artistas extranjeros en el país, por favor refiéranme casos. Nuestras galerías siempre se han afincado en artistas nacionales porque el coleccionismo de arte en Venezuela se basa en el talento del país. Vayan a una subasta de la Sala Mendoza o de la Casa de Subastas Odalys y podrán apreciar lo que digo. La sempiterna queja en la Feria Internacional de Arte de Caracas por parte de los expositores internacionales es justamente lo difícil de vender artistas de afuera porque son inversión difícil para el coleccionista vernáculo.

Desgraciadamente como tenemos unos medios que solo les gusta urgar en el escándalo superficialmente y no les interesa hacer periodismo investigativo que contribuya a informar a la gente sin caer en lo tendencioso, la gente común que usualmente no conoce sus leyes ni derechos se traga el discurso de lo de la cúspide del mal del norte que es Estados Unidos para nosotros las víctimas indefensas del «sur» en materia de derecho de autor y cualquier otra materia: petrolera, ecológica, etc.

Me pregunto en qué nos defiende esta nueva ley en el mapa de la política mundial y la lucha norte-sur. Hasta ahora no he leído ningún bestseller robado de nuestras costas… y no sé donde andan esas corporaciones internacionales interesadísimas en llevarse y dominar nuestra producción intelectual y artística. Deberían dar el dato más bien.

Gracias a la ley vigente y los convenios internacionales los Gipsy King tuvieron que indemnizar una pelota de dinero a Simón Díaz por plagiar la canción de Caballo Viejo hace unos cuantos años atrás, canción además que ha sido grabada por muchísima gente en el mundo y por la cual recibe sus royalties. Con esta nueva ley propuesta habría que iniciar una engorrosa gestión de reciprocidad con las leyes de cada país las cuales en su mayoría -las excepciones son contadas- endorsan la Convención de Berna! Para eso son los convenios para facilitar reciprocidades en las leyes…

Lo más triste de todo este asunto es que al leer el anteproyecto están plasmados los mismos principios que en la ley anterior (basada en la Convención de Berna) organizados de manera diferente en su orden, con una redacción deficiente y que entran en contradicciones graves por la inclusión del artículo 5 y la creación de la Comisión para el registro obligatorio, desaparecen definiciones para introducir otras y éstas no son jurídicamente precisas. Eso sin contar con el engalletamiento de lo de «autor y autora»…

La ley se aprobará y tarde o temprano la gente creadora que la apoya se arrepentirá si el Estado decide que alguna de sus obras es fundamental para la nación y les obliga a vendérsela.

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¿Por qué escribo tanto sobre esto? Me pongo compulsiva cuando leo dislatescomo las declaraciones publicadas hoy que sólo evidencian el nivel de responsabilidad que tienen para con los demás, aquellos que creen en la Revolución como suerte de entelequia sagrada, de la cual en realidad no saben ni entienden mucho pero cuya fe les confiere la confianza de que pueden escribir leyes o participar del gobierno de todo un país sin más nada que las buenas intenciones. Estas últimas, sinceramente, es lo único que no cuestiono. Sólo cuestiono la arrogancia de no adquirir o buscar el conocimiento para respaldarlas. El de no darle la prioridad a la gente por encima de cualquier «proceso». La revolución no puede ser el fin en sí misma. Estamos viendo que esta sacrifica el beneficio de la totalidad de la población por el beneficio de sólo un sector e infiriéndole poder paternalista al Estado lo cual es una hojilla de doble filo. Regalarle los libros a la gente está bien pero no a costillas del autor y el usufructo futuro de su trabajo por él y sus herederos, ni tampoco a costillas de las editoriales y demás integrantes de la cadena de producción que tienen derecho a percibir dinero por su trabajo. El Estado puede convertirse en editor perfectamente sin desmedro del autor y sus derechos. Una cancelación única de derechos es imposible que compense 50 años de royalties considerando devaluaciones, inflación, etc.

Me leí Las Venas Abiertas de América Latina hace años, me enteré de lo buen escritor que es Galeano y lo perversos que han sido los gringos con su «patio trasero», sin embargo no entro en el perfil revolucionario de moda porque soy una burguesa impenitente, creo en el trabajo honesto, en la lucha por el equilibrio de fuerzas, en el diálogo, en el consenso y que los intereses del país como totalidad están por encima de la de los partidos políticos o cualquier ideología… El contraste norte-sur afecta otras cosas de las que tenemos que estar conscientes para defendernos y protegernos, pero no el asunto de las Leyes de Derecho de Autor en Venezuela.

Hay un diálogo abierto para hacer participativa la discusión y la redacción de esta ley en el enlace de abajo… veremos qué se puede hacer.

http://www.debate-cultural.org/LeyDerechodelAutorylaAutora.htm

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Otro post sobre el mismo tema también en El Cuaderno de Taganga